Un pariente de la edil construye en la actualidad una vivienda a la que se le denegó la licencia municipal en diciembre del año 2010
El intento de pasar de puntillas por la aprobación del proyecto de reparcelación del PRI de Montepinar de la portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcalde, Antonia Moreno, no le salió bien a la socialista hace unas semanas, cuando se encargó de informar de este, pero sobre todo de otros asuntos, tras la celebración de la junta de gobierno del pasado 13 de diciembre. Los periodistas se apresuraron en preguntarle más detalles de lo hablado en la reunión, lo que por otra parte desencadenó uno más de los desencuentros de los últimos tiempos entre Moreno con sus socios de gobierno de Centro Liberal Renovador, ya que su portavoz, Pedro Mancebo, insistió en que él se había abstenido en la reunión pese a que en el acta aparece un «la junta de gobierno por unanimidad acuerda» después de reflejar la salida de la sala de Pablo Vidal «por estar afectado en familiaridad con uno de los alegantes».
El caso es que, por lo visto, esa familiaridad, según denuncia el PP, se extiende a la primer teniente de alcalde, ya que Moreno tiene varios parientes con propiedades en la zona y uno de ellos construye en estos momentos una vivienda en la citada urbanización. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 28, establece como motivo de abstención en una sesión de junta de gobierno este supuesto, ya que refleja que un concejal debe no votar, entre otros casos, en el de «tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato».
Este extremo lo desmintió ayer la propia Moreno, quien afirmó que en esa votación ella podía ejercer como concejal dado que se trataba de resolver alegaciones y ninguno de sus familiares las habían presentado a este respecto, de manera que el secretario consideró que ella podía votar al tiempo que dijo a Pablo Vidal que no lo hiciera porque su familia si que había alegado. Por su parte la popular Mónica Lorente insistió en sus tesis «porque sabía a conciencia que lo que votaba era el proyecto de reparcelación que incluye propiedades de sus familiares directos, y a sabiendas de que a esa casa le fue denegada la licencia».
En el caso que denuncian los populares, un cuñado de la socialista construye una vivienda en Montepinar que, además, tiene denegada la licencia desde diciembre del año 2010. Fue entonces cuando, en dos decretos del que era concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, se denegó, por un lado la licencia para demoler «una vivienda unifamiliar aislada» y, por otro, la de construcción de otra en la misma dirección.
Para ambas denegaciones se emitieron los correspondientes informes técnicos en los que se indicaba que «el ámbito en el que se encuentra la obra solicitada es el denominado PERI Montepinar en el PGOU de Orihuela. Según lo dispuesto en el artículo 92 de la NNUU del PGOU/90 se determina: Art. 92. Suelo urbano de urbanizaciones interiores. Art. 92.2. Para el desarrollo de estos PERI se redactarán los correspondientes proyectos de urbanización y compensación o reparcelación en su caso. Art. 923. En cuando no se cumplan las determinaciones indicadas en los dos apartados anteriores no se podrán otorgar licencias ni legalizar las edificaciones existentes», de manera que se considera, por un lado, que el derribo es un proyecto de obra por el que se inicia la construcción, y en el segundo caso se concluye que «a la vista de lo expuesto, no se puede proceder a la tramitación de la licencia de obras, por no estar aprobado el planeamiento sectorial de la zona».
Pese a ello, la obra está iniciada y más que avanzada, lo que también supuso en su día la apertura del expediente de infracción urbanística 20/11, en el que consta un decreto de paralización de fecha 22 de febrero del año pasado que fue notificado, según obra en el expediente, el 15 de marzo al propietario. En el mismo también se refleja que la construcción consta de una planta semisótano de 506 metros cuadrados, planta baja para vivienda de 417 metros cuadrados y primera planta. Según pudo comprobar este diario, la obra sigue adelante pese a que las fuentes consultadas insistieron en el hecho de que las normas urbanísticas establecen que mientras que se desarrolla un proyecto como el de Montepinar, no se puede construir en la urbanización.(La Verdad)
